Los concursos de acreedores para buscar el perdón judicial a las deudas y empezar de nuevo se aceleran tras la pandemia
La ley de la segunda oportunidad, aprobada en el 2015 para ofrecer una salida legal a los empresarios, autónomos y consumidores que se hubieran visto imposibilitados a pagar sus deudas ni aun liquidando todos sus bienes, se estaba consolidando ya antes de la pandemia, pese a no pocas dificultades. Debido a lo que implicaba de ruptura con el marco jurídico anterior, su consolidación no ha sido fácil y ha costado lo suyo normalizar el uso de un procedimiento que, con diferencias, ya existía en el Reino Unido y Estados Unidos desde 1704 y 1898, respectivamente, y en la mayoría de los países de Europa desde hacía varias décadas.
La ley –por la que se puede lograr el perdón judicial de las deudas pendientes a quien haya intentado llegar a un acuerdo con los acreedores, se haya declarado en concurso y haya liquidado sus bienes– es ahora una realidad más conocida. El año pasado, dio cauce a 6.236 concursos de personas físicas en España, con un aumento del 55% de los protagonizados por consumidores y otro del 99% de los cursados por empresarios y autónomos. Este incremento se disparará este año y el próximo, según los expertos. Todo apunta a que la pandemia y la recesión que ha provocado el cierre de la economía tendrá efectos devastadores y multiplicará el número de casos. Aunque esto todavía no ha ocurrido.
Crecimiento exponencial
Cinco años después de aprobarse la norma, el número de concursos aumenta ya con fuerza
Los concursos de asalariados, parados o jubilados han experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. Como muestra, un botón. El juzgado de primera instancia número 50 de la ciudad de Barcelona, por ejemplo, tuvo 124 concursos en el 2016; 149, en el 2017; 247, en el 2018; y 324, en el 2019. Pero este año, ha llegado el freno y los expedientes sumaban 171 hasta el pasado viernes, una cifra muy similar a los 165 del primer semestre del año pasado.
¿Por qué no hay más, si la situación económica es tan grave? En primer lugar, por un decalaje temporal: entre el inicio del procedimiento, que requiere la solicitud de un mediador para intentar acordar un plan de pagos con los acreedores, y la presentación del concurso pasan hasta cuatro meses. No ha dado tiempo a que los miles de damnificados por la pandemia y la crisis posterior iniciaran los trámites o para que llegaran a los juzgados. Por otra parte, el Gobierno ha aprobado diversas medidas para contener las declaraciones de insolvencia, como la suspensión de la obligación de declararse en concurso o la moratoria de las ejecuciones judiciales, que han dado aire a los más ahogados por las deudas.
Efecto retardado
El estado de alarma, los avales del ICO y la moratoria concursal han evitado la avalancha
Pero, estadísticas al margen, la situación subyacente de miles de personas huele a concursos. Muchos se empiezan a mover. “Estamos teniendo muchas llamadas y es lógico, ya que los concursos personales responden a multitud de situaciones insostenibles que ya están apareciendo por el parón abrupto en determinados sectores”, explica Agustí Bou, socio de Fieldfisher Jausas e impulsor de Liquideuda, una plataforma de abogados para gestionar procedimientos concursales que busca simplificar los trámites y ofrecerlos a costes reducidos. El miedo a los juzgados y la incertidumbre sobre los honorarios de los abogados frena muchos concursos de particulares que no tienen nada.
Por lo que respecta a los empresarios y autónomos, cuyos concursos se tramitan en los juzgados mercantiles, la aceleración es mayor este año. En los juzgados de Barcelona, que abarcan a toda la provincia, se presentaron 330 concursos en el primer semestre del 2019, 370 en el segundo –con un mes hábil menos, agosto– y ya 420 en el primero de este año a pesar del oxígeno de los créditos avalados por el ICO y de la moratoria concursal citada.
Y esto es solo el principio. Según Eduard Borràs, secretario general de la Cambra de Comerç de Sabadell y coordinador de las diez cámaras de comercio catalanas en esta materia, ya casi se han iniciado las mismas solicitudes de mediación para renegociar las deudas en los primeros seis meses de este año que en todo el 2019. “Es muy probable que este año se dupliquen los concursos de empresarios y autónomos”, apunta Borràs.
Si no, será en el 2021. Para Raúl García Orejudo, decano de los jueces mercantiles de Barcelona, “por lo que nos dicen unos y otros, hay bastantes empresarios y administradores con avales personales que aguantan gracias al ICO y muchos de estos casos acabarán en concurso el año que viene”. Con todo, el auge en concursos de empresarios y autónomos ya es relevante. José Vela, letrado de administración de justicia en el juzgado mercantil 6 de Barcelona, recuerda, además, que “la cifra ha subido bastante a pesar de que ha habido unas cuantas semanas en las que la tramitación era complicada por el estado de alarma”. Una vez vuelta la normalidad, los concursos llegarán a los juzgados.
Del ludópata exonerado al reincidente condenado: no todos van al cielo
Las sentencias en materia de segunda oportunidad afectan a buena parte la casuística humana. Los jueces, como no puede ser de otra forma, aplican la ley, que es muy clara: para optar al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI), básicamente hay
que haber intentado llegar a un acuerdo extrajudicial con los acreedores, haber actuado de buena fe con la gestión del dinero ajeno y no tener ninguna condena firme por delitos económicos, patrimoniales o laborales en los últimos diez años.
A partir de ahí, todo es posible, como muestran ya miles de ejemplos distintos que ya se han producido en los cinco primeros años de vigencia de la ley de la segunda oportunidad. Uno de los más llamativos ocurrió hace unas semanas cuando Miguel Ángel Chamorro, titular del juzgado número 50 de Barcelona, declaró fortuito el concurso de acreedores de un deudor que, según la administración concursal y la Fiscalía “había actuado con imprudencia grave al haber suscrito de forma sucesiva préstamos que no podía atender”. El concursado, además, “contaba con ingresos suficientes para atender sus gastos domésticos, pero las drogas y el juego motivaron una importante deuda que no podía afrontar”.
Pese a lo anterior, el juez le exoneró de su deuda después de examinar numerosos informes médicos que probaban, según la sentencia, la ludopatía, adicción a las drogas y al alcohol y los trastornos depresivos convenientemente diagnosticados y tratados que hacían de él una persona inimputable como deudor al ver mermada de forma sustancial su libertad.
Aunque la exoneración de las deudas es bastante habitual, el mismo juez advierte en la sentencia citada que “no deben beneficiarse de ella los deudores deshonestos y oportunistas”. Cuando los jueces detectan casos así, no hay perdón, como ocurre con deudores que no colaboran con la administración concursal o que contraen nuevas deudas durante el procedimiento o que ocultan una parte de su patrimonio al juez.
“La ley de segunda oportunidad es una gran herramienta que debe utilizarse para lo que está creada. Y así se hará, seguro. Esto es algo que no nos debe preocupar porque es lo normal”, afirma Martí Batllori, coordinador del grupo sobre la segunda oportunidad del ICAB-Consell de l’Advocacia Catalana.
Los casos susceptibles de llegar a concurso son infinitos, aunque hay varios perfiles recurrentes. Los más habituales son las personas muy endeudadas con unos cuantos créditos al consumo con altos intereses, el cliente hipotecario que perdió su vivienda y sigue con parte de la deuda y las personas que han visto cambiar circunstancias importantes –de familia, laborales o de salud– y que han perdido muchos ingresos pero mantienen gastos muy elevados que no pueden asumir. El juez Chamorro insiste: “Esto es para el deudor de buena fe, no para los caraduras o morosos profesionales”.
La Generalitat, consciente de la importancia de este mecanismo, prepara el lanzamiento de un portal telemático en octubre para informar, orientar y acompañar a los deudores hasta la solicitud de la mediación. “Tenemos que dar la mano a los deudores de buena fe y no cortarla”, indica Esther Capella, consellera de Justícia del Govern.
Fuente: lavanguardia.com